Mándale un balazo

Ricardo Candia Cares

9 de julio 2009

El carabinero Walter Ramírez sinceró las cosas al matar de un balazo, bala comprada con los recursos de todos los chilenos, al mapuche Matías Catrileo. Con su acto no sólo asesinó cobardemente a un muchacho desarmado. En ese tiro, disparado por un representante de la ley y el orden, quedó en evidencia lo más selecto de la política oficial hacia el pueblo mapuche.

Quedó en evidencia también la poca colaboración que presta la norma de grabar las conversaciones entre los jefes y su tropa. De no haber sido por este accidente, que prontamente deberá ser corregido por el alto mando, el asesinato de Matías pasaría a engrosar el listado inconcluso de aquellos mapuche que han muerto por defender lo que por derecho les pertenece, pero que hoy es de propiedad de los amigos de los ministros de la Concertación.

El asesinato perpetrado por el carabinero Ramírez deja en evidencia, además, la perfección de un lenguaje que no dice nada, que ha esfumado el sentido verdadero de las palabras. Cuando una persona mata a otra se llama homicidio. Cuando la víctima es un mapuche indefenso es un asesinato cobarde. Sin embargo, en opinión de las leyes y los jueces, este asesinato vil y cobarde se llama violencia innecesaria con resultado de muerte. Y no homicidio como el sentido común insiste en llamar.

La ejecución del mapuche Matías Catrileo obedece a la aplicación sistemática de una política de represión en la zona del conflicto generado por la usurpación centenaria de las tierras de los mapuche. Las tropas de carabineros, equipadas para la guerra, intentan desactivar una larga lucha por recuperar esas tierras y la dignidad de un pueblo sometido por la discriminación, el abandono, la pobreza y la represión.

Porque un indio quema unos fardos de paja le aplican la ley antiterrorista creada y aplicada con rigor prusiano por el dictador y, por lo bajo, lo mandan por cinco años a presidio. Si un paco mata a mansalva a ese mismo indio, no le pasa nada.

Cada vez que la represión se anota un tanto en las tierras mapuches, los sheriffs de turno se atropellan para explicar que las instituciones funcionan, que los tribunales dirán su palabra y que para ello el gobierno entregará toda su colaboración. En palabras corrientes, esto quiere decir que los fiscales caza mapuche tienen todo el respaldo del estado para hacer lo posible para dejar en la más perfecta y aromática impunidad un crimen por el cual, en un país decente, los hechores, instigadores y encubridores estarían en la cárcel.

En lo sucesivo, la política de pacificación de la Concertación en los territorios mapuche deberá tener más cuidado. Más cuidado en dejar huellas y grabaciones. Mucho cuidado en no despertar sospechas cuando la policía actúa, pagada por todos, como guardianes privados de los terratenientes que han usurpado esas tierras. Deberán operar con mayor sigilo cuando desplazan por la zona soplones e infiltrados que buscan ensañarse con quienes osan desafiar el orden y la tranquilidad de este oasis.

Unos pocos mapuche se aventuraron a la Moneda, en el día de San Fermín, para entregar una carta al gobierno denunciando la represión sistemática en sus territorios y la aplicación de leyes propias de la dictadura. El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, que corre en auxilio de sus amigos terratenientes cuando estos los llaman, ha dicho la verdad: en el sur la situación es normal, es decir, es una zona militarizada, con armamento dispuesto a acribillar al que se ponga por delante, con la policía, el ejército, la ANI y las demás agencias de la represión circulando con uniforme y traje de calle y con los fiscales caza mapuche con todo el apoyo que le da la ley y el gobierno.

El gobierno de la Concertación debiera tomar en cuenta la grabación entre el carabinero Ramírez, la conducta de éste y los mandos policiales en el sentido de ocultar la verdad de lo ocurrido, filtrada finalmente por una inoportuna pista de audio. Se puede fundar una Doctrina Ramírez: disparar a la menor sugerencia de hacerlo, negar sistemáticamente el crimen, ocultarse en el silencio y omisión cómplice del gobierno, ignorar lo dicho por los organismos observadores de Derechos Humanos y aumentar el número de ministros pinochetistas.

El explosivo aumento en la popularidad de la presidenta da para mucho más aún.