Ricardo Candia Cares
2 de julio 2009
Uno de los gestores, promotores, encubridores y financistas del golpe de estado del 1973, Agustín Edwards, arrendó un centro de eventos para que casi todos los candidatos presidenciales debatieran respecto de Seguridad Ciudadana.
Alarmado por los robos que afectan a los sectores más pudientes del país, este golpista permite que los presidenciables hagan gala de su imaginación a la hora de pensar en cómo deshacerse de los que atacan escandalosamente la propiedad ajena como si fuera propia.
A la hora de los discursos, queda al descubierto la fascinación por las mejoras carcelarias, la rehabilitación, la mano dura policial. El celo social lo ponen opiniones que acusan a las desigualdades sociales y a la falta de oportunidades como posibles orígenes de la ola de delincuencia que asola la ciudad.
Mientras esto transcurre en el bien servido panel, los móviles de la televisión, reporteaban dos asaltos a residencias, a las cuales ingresaron los malhechores para arrasar con todo cuanto sea posible vender o consumir. Los noticieros de la mañana daban cuenta de la captura de una de estas bandas, cuyo promedio de edad no supera los catorce años.
No hay cárcel por muy moderna que sea, que pueda encarrilar a estos niños que asaltan. No hay plan de gobierno que logre siquiera atraerlos hasta sus dependencias para posible programas de rehabilitación. No hay posibilidad alguna de mano más dura que inhiba a niños de cuarto básico en su instinto de hacer por su cuenta una redistribución del ingreso, pistola en mano.
Tampoco es posible resolver la otra arista responsable de este azote contra el bien privado, las desigualdades sociales y las faltas de oportunidad. Para el efecto, sería necesario tomar por asalto La Moneda, y procesar a todos los que han sido los promotores, gestores, sostenedores y defensores del sistema que instaló en Chile la cultura que le permite todo al poderoso, pero al pobre diablo lo condena al infierno. O al cielo, en subsidio.
Y habría que partir por desenmascarar, procesar y meter preso al organizador de evento y, si no a todos, a gran parte de los asistentes. Una lástima que no hubiera nadie entre los participantes que aprovechara tan magnánima oportunidad para realizar lo que habría sido una acción de arte.
Una política seria de contención y prevención de la delincuencia debe partir por procesar y condenar de la manera más severa a los ladrones que aparecen en la tele como si fueran premios nacionales de algún arte o estrellas de rock. De vez en cuando, con una frecuencia que asombra, se descubre que funcionarios públicos, severos militantes de los partidos de la Concertación, son sorprendidos metiendo las manos en la caja. Ya nos olvidamos de las siglas de las reparticiones que han sido objetivos de estos ladrones con carné.
Por estos días de pandemias se ha sabido de las andanzas de los aviadores que se quedaron con una tajadita de los dineros, de por sí mal gastados, para comprar aviones de guerra. Se sospecha que en otras transacciones de material de guerra hubo coimas cobradas por estos astutos guerreros que no pierden tiempo en hablar de la importancia del honor, la honestidad y austeridad de la formación militar.
Desfiles de policías en los tribunales acusados de abusos sexuales y trata de blancas; redes de funcionarios judiciales y policías coludidos en actos de corrupción; empresarios farmacéuticos que asaltan a sus clientes; parlamentarios que abusan de su cargo para sacarse partes, enviar correo privado, pagar asesoras del hogar, oficinas de amigos, sueldos de familiares, choferes, empelados, nanas, amantes; funcionarios de gobierno que ganan lo que cientos de estúpidos chilenos de a pié; empresarios que debieran estar en la cárcel.
Que alguien haga la lista completa y se la envíe a Edwards. Quizás le resulte conmovedor organizar una reunión con presidenciables para debatir manos más duras contra estos frescos de raja que en muchos caso son tan inimputables como los niños, hijos de la Concertación que asaltan casas y transeúntes, por la vía de comprarse a los jueces, a los policías y a todo cuanto tenga precio.
Para el efecto de frenar la delincuencia infantil y juvenil habría que agregar a las medidas ya propuestas, la prohibición de que estos personajes aparezcan en la televisión por considerarlos como un ejemplo pernicioso, inducción al dinero fácil y apología de la sinvergüenzura.
Para que niños en edad escolar no sean quienes se roben la película en las estadísticas de la delincuencia, algún candidato debió plantear que estas epidemias, que debieran avergonzar a todos, no se eliminan endureciendo las manos y las condenas, ni mejorando las cárceles, ni al perfeccionar el sistema judicial, o limpiando a la policía y al sistema judicial de ladrones y corruptos.
Para salvar a los niños que delinquen es necesario fundar otro país en que esto simplemente, no sea posible.
Alarmado por los robos que afectan a los sectores más pudientes del país, este golpista permite que los presidenciables hagan gala de su imaginación a la hora de pensar en cómo deshacerse de los que atacan escandalosamente la propiedad ajena como si fuera propia.
A la hora de los discursos, queda al descubierto la fascinación por las mejoras carcelarias, la rehabilitación, la mano dura policial. El celo social lo ponen opiniones que acusan a las desigualdades sociales y a la falta de oportunidades como posibles orígenes de la ola de delincuencia que asola la ciudad.
Mientras esto transcurre en el bien servido panel, los móviles de la televisión, reporteaban dos asaltos a residencias, a las cuales ingresaron los malhechores para arrasar con todo cuanto sea posible vender o consumir. Los noticieros de la mañana daban cuenta de la captura de una de estas bandas, cuyo promedio de edad no supera los catorce años.
No hay cárcel por muy moderna que sea, que pueda encarrilar a estos niños que asaltan. No hay plan de gobierno que logre siquiera atraerlos hasta sus dependencias para posible programas de rehabilitación. No hay posibilidad alguna de mano más dura que inhiba a niños de cuarto básico en su instinto de hacer por su cuenta una redistribución del ingreso, pistola en mano.
Tampoco es posible resolver la otra arista responsable de este azote contra el bien privado, las desigualdades sociales y las faltas de oportunidad. Para el efecto, sería necesario tomar por asalto La Moneda, y procesar a todos los que han sido los promotores, gestores, sostenedores y defensores del sistema que instaló en Chile la cultura que le permite todo al poderoso, pero al pobre diablo lo condena al infierno. O al cielo, en subsidio.
Y habría que partir por desenmascarar, procesar y meter preso al organizador de evento y, si no a todos, a gran parte de los asistentes. Una lástima que no hubiera nadie entre los participantes que aprovechara tan magnánima oportunidad para realizar lo que habría sido una acción de arte.
Una política seria de contención y prevención de la delincuencia debe partir por procesar y condenar de la manera más severa a los ladrones que aparecen en la tele como si fueran premios nacionales de algún arte o estrellas de rock. De vez en cuando, con una frecuencia que asombra, se descubre que funcionarios públicos, severos militantes de los partidos de la Concertación, son sorprendidos metiendo las manos en la caja. Ya nos olvidamos de las siglas de las reparticiones que han sido objetivos de estos ladrones con carné.
Por estos días de pandemias se ha sabido de las andanzas de los aviadores que se quedaron con una tajadita de los dineros, de por sí mal gastados, para comprar aviones de guerra. Se sospecha que en otras transacciones de material de guerra hubo coimas cobradas por estos astutos guerreros que no pierden tiempo en hablar de la importancia del honor, la honestidad y austeridad de la formación militar.
Desfiles de policías en los tribunales acusados de abusos sexuales y trata de blancas; redes de funcionarios judiciales y policías coludidos en actos de corrupción; empresarios farmacéuticos que asaltan a sus clientes; parlamentarios que abusan de su cargo para sacarse partes, enviar correo privado, pagar asesoras del hogar, oficinas de amigos, sueldos de familiares, choferes, empelados, nanas, amantes; funcionarios de gobierno que ganan lo que cientos de estúpidos chilenos de a pié; empresarios que debieran estar en la cárcel.
Que alguien haga la lista completa y se la envíe a Edwards. Quizás le resulte conmovedor organizar una reunión con presidenciables para debatir manos más duras contra estos frescos de raja que en muchos caso son tan inimputables como los niños, hijos de la Concertación que asaltan casas y transeúntes, por la vía de comprarse a los jueces, a los policías y a todo cuanto tenga precio.
Para el efecto de frenar la delincuencia infantil y juvenil habría que agregar a las medidas ya propuestas, la prohibición de que estos personajes aparezcan en la televisión por considerarlos como un ejemplo pernicioso, inducción al dinero fácil y apología de la sinvergüenzura.
Para que niños en edad escolar no sean quienes se roben la película en las estadísticas de la delincuencia, algún candidato debió plantear que estas epidemias, que debieran avergonzar a todos, no se eliminan endureciendo las manos y las condenas, ni mejorando las cárceles, ni al perfeccionar el sistema judicial, o limpiando a la policía y al sistema judicial de ladrones y corruptos.
Para salvar a los niños que delinquen es necesario fundar otro país en que esto simplemente, no sea posible.
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