Cadena nacional

Ricardo Candia Cares

Por inocencia o estupidez malsana, a veces sinónimos, algunos creyeron que en su cadena nacional la presidenta Bachelet se referiría a la inminente renuncia del Ministro de Defensa Francisco Vidal por sostener la presunción de inocencia de los agentes de la DINA y de la CNI, a quienes el Ejército les paga honorarios. Y a la orden de silencio para el Comandante en Jefe.

En este país en que muchos hablan con media lengua, es necesario que de una buena vez todo aquel que perteneció a algún organismo de represión de la dictadura, sea de inmediato separado de cualquier órgano del estado, haya o no haya sido encontrado culpable de alguna otra atrocidad por los tribunales.

Lo que corresponde, si queremos sanar a este país, es que todo ex miembro de esos organismos debe ser juzgado sobre la base del sentido común, como primera medida. Es impensable que un civil armado, que usaba chapa, que se desplazaba en automóviles sin patente, que tenía acceso a las cárceles secretas, que asistían, observaban o sabían de las torturas a las que se sometían a miles de compatriotas, los que secuestraban a personas indefensas, pueda ser considerado como inocente a priori.

La presunción de inocencia tiene aplicaciones menos angelicales. Corrige un vacío de la justicia que consideraba todo lo contrario: una persona era culpable y sobre su propia responsabilidad cabía demostrar su inocencia. Por muchos años la dictadura violó el artículo 11 de la declaración de los Derechos Humanos: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa”.

Una cosa es la verdad jurídica a la que se llega mediante juicios en que todos, asesinos y torturadores incluidos, tengan defensa, y otra, es creer que en la DINA en la CNI, la DICOMCAR, los servicios de inteligencia de la Armada, el Comando Conjunto, había angelitos de Dios que ni siquiera sabían el giro de su institución.

Lo que correspondería, antes de llegar a los tribunales, es un juicio social que sancionara a esas personas, aún cuando hiciera todo lo posible por rescatarlas para vivir en un país que castiga severamente los crímenes de lesa humanidad. Si no se pudieran rehabilitar, aislarlas para evitar la propagación de sus convicciones enemigas de los Derechos Humanos

Resulta una vergüenza que torturadores y asesinos caminen por estas calles como Pedro por su casa. Y una aberración, que hayan sido algunos medios de comunicación quienes hicieron las denuncias que han terminado con varios de esos delincuentes en los tribunales. Y que los casos que han logrado sanciones ejemplares, hayan sido una excepción.

Para decir las cosas como son, cualquier persona que haya pertenecido a esas máquinas de perseguir, amedrentar, torturar y matar, debieran tener parte de sus derechos suspendidos aunque no se les pruebe algún tipo de delito. No es posible que sean considerados tan ciudadanos como cualquiera. Y mucho menos que vivan con sueldos que ya querrían sus víctimas, trabajando en dependencias fiscales.

El que diga que esto no es posible en este país, que vaya a la zona mapuche. De tarde en tarde las fuerzas policiales muestran a un mapuche como si fuera un trofeo de caza mayor. En un dos por tres, un fiscal caza-mapuche lo mete preso, y meses después, casi sin consignarse en medio de comunicación alguno, lo pone en libertad por falta de méritos. Que sepa, ningún ministro ha abierto la boca para exigir presunción de inocencia en esto casos.

Mientras en el Ejército se siga protegiendo a integrantes de asociaciones ilícitas organizadas para la persecución, la tortura y el asesinato, es muy difícil pensar en una verdadera reconciliación. No son razones superficiales las que llevan a los altos mandos a conductas reprobables que limitan con el encubrimiento. Ni una solidaridad legítima entre camaradas. Estas conductas hacen presumir que sobrevive en la filas un convencimiento de que lo obrado por el dictador estuvo bien hecho, y que por razones que escapan a la voluntad de los mandos, hay que a someterse al mando civil. Al que debe considerarse como un mal transitorio y naturalmente superable.

Las nuevas generaciones de oficiales formados con un sentido de la democracia de mayor envergadura, debieran hacer saber su opinión. La verticalidad del mando no puede suponer la aceptación de una doctrina basada en la reivindicación de una cultura que entendía el crimen como una acción legítima.

La cadena nacional que organizó la presidenta para opacar la proclamación de Piñera, debió servir también para poner orden en el Ejército. Y para ordenar al Ministro Francisco Vidal a que se calle la boca. De lo contrario se le va a castigar quitándole su colección de soldaditos de plomo y su guaripola.